La imagen histórica con la que ha sido presentado el medio rural comenzó a sufrir una importante transformación después del primer cuarto del siglo XX, cuando las ciencias sociales pusieron de manifiesto el hecho fundamental de la dificultad que existía para separar el medio rural del urbano. Se rompía de este modo con una concepción histórica según la cual la ciudad había representado el refinamiento y la civilización frente al rudo mundo campesino. El proceso de urbanización decimonónico, tan característico de Europa y Norteamérica, había creado fenómenos de urbanización intermedia que, seguramente, contribuyeron a la reflexión. La conclusión fue que el dualismo que se había dibujado a lo largo de la historia era en buena medida infundado, hasta el punto de que la nueva perspectiva constituía la superación del tradicional simplismo en la diferenciación. La publicación de la famosa obra de Sorokin y Zimmerman (1929) sobre sociología rural fue el inicio de un cambio importante en la percepción de lo rural. De acuerdo con esta tesis, estaríamos ante una propuesta gradualista, susceptible de concretarse en la existencia de un continuum rural-urbano. La tesis de estos sociólogos era que el campo y la urbe no son realidades dicotómicas separadas, sino que entre ellas existe una gradación tanto en la densidad de población, como en la actividad, la estructura social y la ocupación del suelo. Sin embargo, la obra de Sorokin y Zimmerman nunca ha dejado de generar críticas, como tampoco nunca se ha dejado de hablar del medio rural y del medio urbano como realidades distintas. ¿Cuál es la imagen del medio rural español de nuestro tiempo?
España es un país caracterizado por el peso aplastante del medio rural. De acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, son considerados municipios rurales todos aquéllos que no superen los 30.000 habitantes y posean una densidad inferior a los 100 habitantes por km2, de lo que se sigue que sólo el 15,7% de la población vive en el medio rural de nuestro país. También hay que añadir que la mayor parte de la población rural reside en municipios menores de 5.000 habitantes, esto es, el 9,3%, que equivale a decir que cerca de dos tercios de la población rural vive en pequeños municipios (MAPA 2024). Estos pequeños municipios, siempre menores de 5.000 habitantes, representan el 77,9% del total de los municipios españoles, mientras que los municipios rurales que están entre los 5.000 y los 30.000 habitantes tan sólo representan el 3,9% de los municipios españoles. Aún hay que decir que los municipios rurales se desparraman sobre cerca del 85% de la superficie del Estado español, y de este porcentaje, la mayor parte, el 69,3% de la superficie del Estado, está ocupada por los pequeños municipios rurales inferiores a los 5.000 habitantes. Continuando con el declive de la población rural que se viene experimentando desde hace más de medio siglo, y más de tres cuartos de siglo en áreas de montaña, la pérdida de la última década ha sido muy pronunciada, al situarse en el 4,4%. Como novedad, y una vez vaciados en buena medida los pequeños municipios, la pérdida de población alcanza ahora a los municipios mayores, es decir a esos que están entre los 5.000 habitantes y los 30.000 (INE 2023).
Así lo pone de manifiesto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2025, pero con el optimismo que rezuma el hecho de que, a pesar de la situación de retroceso en el número de habitantes del medio rural español, en los últimos siete años se han producido magros incrementos, que no pérdidas de efectivos como ha sucedido durante más de medio siglo. El cambio de tendencia se comenzó a percibir en 2019 (Gutiérrez y Moral 2020). No es menos cierto que no se trata de incrementos debidos al movimiento vegetativo, sino producto de una inmigración apreciable, casi siempre de origen extranjero, que ha permitido el establecimiento de personas individuales y familias en el medio rural, casi de una forma generalizada. Los nuevos residentes en el medio rural son en su mayoría extranjeros, que representan actualmente el 10% de la población del medio rural español por término medio (Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados 2025). Este incremento de residentes extranjeros es muy relevante en los grupos de población de adultos-jóvenes, en los que radica una buena parte del empleo que se genera en este ámbito. En torno al 80% de los municipios de pequeño tamaño, es decir, de los que no superan los 5.000 habitante, tienen saldos positivos si se toma como referencia el último lustro. Es cierto, sin embargo, que estamos ante crecimientos muy discretos en un país como es España con una población fuertemente urbanizada. A fuerza de realismo, también habría que añadir que la segunda década del siglo XXI ha sido muy negativa para el medio rural desde el punto de vista demográfico, puesto que sólo entre 2009 y 2017 el campo perdió el 9% de sus efectivos. De los 48 millones de españoles, actualmente algo más de 40 viven en el medio urbano, y la mayor parte en ciudades mayores de 50.000 habitantes. Además, el medio rural, ya despoblado de por sí, se halla frecuentemente envejecido y masculinizado, lo cual establece una diferencia muy importante con las poblaciones urbanas.
De los 7,5 millones de personas que viven en el medio rural, solo 700.000 personas, aproximadamente, están ocupadas en la actividad agraria, lo cual quiere decir que únicamente se dedica a este quehacer un porcentaje que representa poco más del 9% de los habitantes del medio. También podríamos decir que se dedica a esta actividad algo más del 3% de los ocupados que hay en España, todo lo cual abona la idea de que estamos ante una actividad minoritaria, que ha ido reduciendo sus efectivos desde hace medio siglo sin parar. A pesar de que las explotaciones son cada vez de mayor tamaño (44 hectáreas por término medio), éstas tampoco han parado de reducirse (MAPA 2024), lo cual explica que estamos ante un sector que se encuentra en mínimos históricos, sin que, por el momento, se atisbe un cambio de tendencia, probablemente porque la explotación de los recursos agrarios precisa de una mano de obra muy reducida en la actualidad. La ilusión que se produjo en la primera década del siglo XXI con la incorporación de la mujer a la titularidad de las explotaciones agrarias, la cual nunca pasó de ser modesta, tiene su reverso en el descenso de la titularidad femenina que se viene produciendo en los últimos años, seguramente ligado al mayor éxodo de las mujeres jóvenes que tiene lugar, desde hace muchas décadas, en el medio rural. Como en tantos otros ámbitos de la economía, en el medio rural han faltado incentivos que fidelizaran a la población local, lo cual es muy evidente en el caso de la juventud. Tratándose de la mujer, el hecho es muy evidente teniendo en cuenta que en el presente el empleo agrario se distribuye de manera que, por cada 100 hombres ocupados en el sector, únicamente lo hacen 31 mujeres, lo cual descubre una sorprendente brecha de género.
Ahora bien, los espacios rurales no son un asunto menor en la Unión Europea. La Política Agraria Común presta una especial atención a estos espacios, y lo viene haciendo mediante medidas de muy diversa índole desde su nacimiento a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. La PAC descansa sobre dos pilares, el segundo de los cuales se orienta exclusivamente al desarrollo rural, financiado por el llamado Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las áreas rurales de muy diversas maneras, que se pueden resumir en su cometido económico, medioambiental y social. El amparo que le ha prestado la PAC al medio rural explica el hecho de que los espacios rurales de la Unión Europea sean áreas de especial atención en los presupuestos comunitarios, trascendiendo la acción de las ayudas directas a los agricultores que se lleva a cabo desde el primer pilar de la PAC. El segundo pilar, el del desarrollo rural, tiene una vocación amplia, en la que destaca su dimensión territorial, para lo cual están muy presentes las acciones de revitalización de las áreas rurales, que incluyen la atención al progreso de las economías locales en el seno del territorio. Uno de los mecanismos de la PAC en materia de desarrollo es el Programa LEADER, concebido cada vez con mayor énfasis como una herramienta de desarrollo rural participativo.
La PAC es parte indisoluble de la acción de lo que desde el Tratado de Maastricht de 1993 denominamos Unión Europea, levantada sobre los pilares de la vieja CECA de 1957, hasta el extremo de que es un auténtico emblema de esta organización supraestatal. La PAC surge muy poco tiempo después, en 1962, y ha llegado, a través de sucesivas reformas hasta nuestros días, albergando la mayor parte de los objetivos con los que nació y otros nuevos. Naturalmente, el viejo ideal de hacer frente a la escasez alimentaria ha cedido ante otros objetivos, entre los que está no sólo el productivista y el del suministro de los bienes producidos, sino también el del compromiso en la lucha contra el cambio climático y los relativos a la conservación de los paisajes rurales y al mantenimiento de la economía rural en las mejores condiciones posibles, entre otros objetivos.
El peso del sector agrario se puede cuantificar en un 2,5 del PIB en España (MAPA 2024), lo cual pudiera parecer menor económicamente, pero, sin embargo, es muy alto como garante de la seguridad alimentaria. Pero hay algo muy importante, y es que es provisor del sector agroalimentario, incluyendo la industria del sector y la distribución, hasta el punto de que todo ello supone alrededor del 9 % del PIB español. De este modo, el medio rural, en lo que concierne a la producción agraria tiene un altísimo valor para la economía española. El medio rural alberga una enorme superficie forestal, que representa cerca del 40% de la superficie geográfica española. También acoge las tierras de cultivo, que suponen un tercio de la superficie geográfica y, por último, acoge inmensos pastizales, que alcanzan al 13,3% de la superficie geográfica del país. Es necesario también reseñar la fortaleza de los cultivos herbáceos, sobre todo, de trigo y cebada, así como la de los cultivos leñosos, especialmente de olivar y viñedo, y la magna producción hortofrutícola. De todo ello se deduce la extraordinaria significación del medio rural como espacio productivo. El retraimiento demográfico que se ha producido ha dejado a salvo la capacidad para generar los más diversos bienes que garantizan la cobertura de las necesidades actuales de la población y la de las generaciones venideras, en términos de sostenibilidad económica, ambiental y social. La triada mediterránea, compuesta por los cereales, el viñedo y el olivar sigue constituyendo la base de la dieta de las poblaciones actuales y la garantía de una alimentación saludable.
De lo dicho, se sigue que una parte sustancial de las personas que viven en el medio rural no se dedica a la actividad agraria. También es evidente que en el medio rural hay zonas marginales, afectadas especialmente por el envejecimiento y la despoblación, de baja producción. También es manifiesto que existen áreas periurbanas, con una apreciable densidad de población, en las que la actividad agraria es poco significativa. Sin embargo, sean los espacios rurales que fueren, todos ellos albergan una capacidad para las actividades económicas más variadas que explican el papel determinante de estos espacios. No hay duda de que los espacios rurales y los urbanos son complementarios. Tampoco hay duda de que entre ambos hay una gradación y no una línea de trazo grueso como se pensaba en el pasado. Es evidente que ambos se necesitan y tratan de establecer una interacción que ha llegado a generar un importante movimiento económico, aparte de constituir un hecho ineludible en lo que respecta al bienestar de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Esta interacción alcanza una singular intensidad en el caso de los commuters, que, de forma periódica, a menudo diariamente, por razones laborales o de otra índole, se desplazan desde el lugar de residencia al de trabajo, en una suerte de movimiento pendular que contribuye a la construcción del territorio y a abonar la necesidad de una gobernanza territorial (Gómez Pellón 2022).
Quizá nos ayude a hacernos una idea de lo que representa el medio rural en el conjunto de la economía del Estado un reciente informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). Según el mismo, aparte de las rentas generadas por el sector agrario en materia de producción agraria y por el sector agroalimentario, el sistema agroalimentario derivado, el turismo rural, aun teniendo un peso moderado dentro del sector turístico, es cada vez más relevante y se calcula que ya supone alrededor del 12% del turismo nacional, hasta el punto de que el turismo rural aporta cerca del 2% al PIB del Estado. El número de pernoctaciones en establecimientos hosteleros y las segundas residencias constituyen un fenómeno creciente. El hecho de que el número de viajeros en establecimientos rurales de nuestra geografía alcanzara en 2025 los 4,5 millones resulta altamente ilustrativo (INE 2024). En suma, el peso del medio rural en el PIB es sustancial, con tendencia a crecer en los próximos años, provocando un efecto dinamizador que se suma a otros que se advierten en los espacios rurales.
Más aún, el medio rural es el espacio donde muchas familias urbanas disfrutan en régimen de propiedad o de alquiler una segunda residencia, la cual se convierte en refugio de los fines de semana, de las vacaciones y de otros períodos de descanso. Unas veces se trata de viviendas que responden a una elección sin que existiera un vínculo previo con el lugar, y otras veces son viviendas que cumplen una función nostálgica, que satisfacen el estilo de vida de emigrantes o de sus descendientes, que han preferido mantener la relación con el lugar de sus antepasados. El número de estas viviendas en nuestro país es muy elevado, y constituye otra de las razones que explican el hecho de que el medio rural tenga una vida muy superior a la que pudiera atribuírsele. El retorno periódico de estos residentes ocasionales contribuye a dinamizar los espacios rurales, especialmente por lo que representa su contribución al sostenimiento de los servicios locales.
El medio rural, por estas razones y por otras muchas más, constituye un emporio de riqueza, no sólo por lo que supone en sí, sino también por lo que representa. Los espacios rurales son espacios de disfrute de la naturaleza, de la cultura y del ocio. A menudo, estas visitas no dan lugar ni tan siquiera a pernoctaciones. Sin embargo, el excursionismo, el senderismo, el montañismo, las visitas individuales o en grupo, a los lugares que albergan distintas manifestaciones del patrimonio cultural, así como los encuentros que se producen en este medio rural de asociaciones de todo tipo, explican la vitalidad de las áreas rurales, muy superior a la que pudiera dar a entender el despoblamiento que sacude al medio rural, particularmente en áreas de montaña e interiores, o el envejecimiento de sus moradores. A los caracteres más adversos, que también existen, se contraponen otros nuevos que no hacen sino conferir esperanza. Quizá la mejor expresión de esta esperanza viene dada por el repoblamiento que se está produciendo en muchos municipios rurales, que, si bien presenta perfiles modestos, contribuye a generar esperanzas e ilusiones. Estos nuevos inmigrantes, con alguna frecuencia de procedencia extranjera, pertenecen muchas veces a segmentos de edad que se hallan en el período más común de la reproducción, y que, además, tienen descendientes jóvenes que comienzan a conferir vida a espacios que, hasta hace poco tiempo, carecían de ella.
El medio rural ocupa un lugar preferente en las políticas de la Unión Europea, de suerte que esta organización supraestatal prevé para el mismo un importante papel en el seno del concepto de la llamada cohesión territorial (Gómez Pellón 2018). De hecho, el futuro de los espacios rurales se fía a la aplicación de los principios derivados de esta noción (MITECO 2026). La cohesión territorial es un concepto político que busca el desarrollo equilibrado de los espacios rurales y urbanos de la Unión Europea. La idea que entraña es que el ciudadano, viva donde viva, tenga garantizado el acceso a los servicios, contribuyendo por esta vía a la reducción de las desigualdades. La cohesión territorial sería una extensión de la cohesión social. Si bien esta última está presente en el mismo Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (1957), el concepto de cohesión territorial no aparecerá formulado hasta el Tratado de Lisboa de 2007. Bien es cierto que, aun no habiendo sido enunciado expresamente, su sentido ha estado presente en todos los documentos fundamentales emanados de lo que hoy denominamos Unión Europea. La cohesión territorial constituye una herramienta destinada a la reducción de las brechas socioeconómicas y a la optimización de la accesibilidad entre territorios. No en vano, ha sido concebida como el antídoto más eficaz frente al despoblamiento (Gómez Pellón 2026).
Por tanto, el concepto de cohesión territorial es inseparable del de cohesión social, pero también de la noción de desarrollo rural (MITECO 2026). El bienestar de la población se halla conectado con la política de cohesión territorial y ésta con la de desarrollo rural. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural está destinada a la diversificación económica de los espacios rurales, a la mejora de las infraestructuras y al logro de la calidad de vida en estos espacios conceptuados como rurales (Gómez Pellón 2025). Este propósito se articula con una Política Agraria Común impulsada por la Unión Europea, gracias al empleo de distintos fondos, entre los cuales el FEADER o Fondo Agrario de Desarrollo Rural, ocupa un lugar prioritario en materia de equilibrio territorial y de competitividad (reglamento de la UE nº 1305/2013 y siguientes). La cohesión social y territorial, así como la sostenibilidad de los espacios rurales, forma parte de la filosofía de la citada Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Las Comunidades Autónomas cuentan con las competencias suficientes para implementar la normativa en materia de desarrollo rural, completando de este modo la acción del Estado.
Actualmente, nuestro país se halla inmerso en los nuevos planes de dinamización económica, que agrandará considerablemente el efecto de los planes anteriores en el medio rural, sobre todo en lo que se refiere al fortalecimiento del papel de la mujer. Si bien el abandono del medio rural sigue siendo mayor proporcionalmente por parte de las mujeres que de los hombres, y así viene sucediendo al menos desde hace medio siglo, estos planes de dinamización tratan de poner freno a una sangría que ha sido nefasta para los espacios rurales. Se complementa la acción que supuso en su día la Ley de Titularidad Compartida 35/2011 de las explotaciones del medio rural y el Estatuto de las Mujeres Rurales establecido por la Ley 6/2019, aparte, por supuesto, la Ley 45/2007 antes mencionada. Aunque algunas de estas normas han generado un efecto mucho menor del esperado, y quizá el mejor ejemplo es el de la Ley de Titularidad Compartida 35/2011, es cierto que merced a esta legislación se han generado sinergias que han terminado siendo muy positivas para la vida de los habitantes del medio rural.
El propósito de este monográfico, precisamente, es mostrar la extraordinaria importancia que posee el medio rural para la sociedad entera, sea rural o urbana. Asumiendo la preocupación que suscita la regresión demográfica que se ha producido en el mismo, cuyas evidencias son tan indiscutibles que sería estéril negarlas, los artículos que componen este número constituyen la certidumbre de una esperanza compartida, que no sólo se muestra en la suma de pequeños cambios, por lo general satisfactorios, que se están produciendo, sino también por el potencial ambiental, económico y social que se parapeta tras los espacios rurales de nuestro país.
Además, con este monográfico se pretende, también, analizar cuestiones fundamentales que ha venido abordando la antropología rural, tales como la vida comunitaria, la organización social y económica, y otras relativas a las creencias y prácticas culturales. Se muestra cómo los nuevos pobladores reinterpretan tradiciones locales, revalorizan el patrimonio y generan prácticas colectivas que contribuyen a la revitalización simbólica y comunitaria de los pueblos (Fernández y otros 2025). Pero en la búsqueda de un enfoque transformador que responda a las actuales dinámicas que se están desarrollando en el medio rural, es necesario focalizar esos aspectos generales en cuestiones como la innovación social, la participación, los cultivos tradicionales y los nuevos que se han ido incorporando, los proyectos culturales y artísticos desarrollados en el medio rural o las nuevas pautas de población. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, a pesar del despoblamiento del medio rural, las investigaciones realizadas en este ámbito nos muestran que la conservación medioambiental y las iniciativas económicas transformadoras pueden funcionar mejor allí donde se fortalecen las dinámicas sociales, la conciencia ecológica, las asociaciones y redes de servicios, la satisfacción de las expectativas de bienestar y la valoración de la imagen rural (Fernández 2022). Se trata de un proceso que involucra a la sociedad en su conjunto y que implica una reconfiguración material, cultural e ideológica de la ruralidad. Aunque los artículos aquí presentados se refieren al panorama español, los resultados ponen de manifiesto las preocupaciones a escala europea en materia de sostenibilidad rural y cohesión territorial, reconocidas como cuestiones internacionales por la Unión Europea. Estos retos pueden abordarse mediante elementos identificados en nuestros hallazgos, como el emprendimiento rural, las prácticas de cocreación y la gestión, y utilización de los recursos endógenos, junto a proyectos de vida sostenible o a la necesidad de revitalizar economías locales en declive (González 2022). En este sentido, desde una perspectiva antropológica, que es la que se plantea en la mayoría de las aportaciones de este monográfico, se revelan interrelaciones entre el entorno y la cultura que influyen mutuamente en la vida de las personas, integrándose en la memoria rural. Veremos cómo esta existencia está moldeada por sistemas de creencias, prácticas sociales, historia, imaginación simbólica, tecnologías, lenguaje y el entorno cultural general (Ingold 2022).
La innovación social permite considerar en este ámbito la perspectiva de género en el medio rural, que se aborda en varios de los artículos de forma específica y en varios de forma transversal. Se explora la vinculación entre innovación y género en el ámbito rural actual y se analiza incluyendo nuevas divisiones del trabajo motivadas por los diferentes sistemas de acceso a los recursos, la participación política y social, como agentes de transformación social en el medio rural (Leach 2015). De esta forma, además, estas mujeres se están constituyendo, como nuevos sujetos políticos, en movimientos y asociaciones en el espacio rural (Siliprandi 2021) para poder incidir en las dinámicas de poder y resistencia que se manifiestan en estas comunidades, donde las mujeres evalúan y perciben la ruralidad de maneras contradictorias y conflictivas (Wright 2014). En este sentido, se puede considerar que la deconstrucción social del género puede ser clave para un futuro más igualitario del entorno rural, de la misma forma que se da cuenta de una refeminización (Wiest 2016) del campo.
Asimismo, el monográfico también aborda los vínculos con la biodiversidad local, la producción tradicional de alimentos y la cultura de los territorios rurales, en tanto que criterios para el análisis tanto de los cultivos tradicionales, así como los nuevos sistemas de cultivos, como otro aspecto fundamental en el análisis de la relación entre la agricultura tradicional y las nuevas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta aspectos como la sostenibilidad ambiental, el conocimiento local, la diversificación de cultivos, los cultivos ecológicos y el impacto en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Los alimentos producidos mediante sistemas agrícolas son fruto de los conocimientos locales atesorados y transmitidos de generación en generación, así como los procesos de patrimonialización de los sistemas alimentarios. En este sentido, el foco del reconocimiento de este tipo de bienes culturales se ha orientado hacia producciones agroalimentaria y manifestaciones culinarias con fuerte arraigo territorial e identitario, que son elevadas a categorías patrimoniales desde distintas instancias.
Presentamos ahora una síntesis de los artículos que se incluyen en este monográfico.
Abre el monográfico el artículo de Gómez Pellón en el que analiza la comarca de Campoo, en Cantabria, como caso de estudio propio de un área de la cordillera Cantábrica afectada por una fuerte regresión demográfica, propia de un área de ruralidad extrema, con un acusado envejecimiento y una preocupante masculinización. A pesar del despliegue, desde 1994, de un programa de desarrollo rural, con metodología LEADER, este espacio rural sigue viéndose afectado por una incapacidad estructural para lograr una mínima retención demográfica que alimente la esperanza de una recuperación efectiva. No obstante, Gómez Pellón descubre una visión esperanzadora, basada en la valorización de los recursos naturales, culturales y sociales de la comarca. No es menos cierto que, a pesar de las adversidades, sigue evidenciándose la presencia del alma agrarista y productivista que distinguió a este espacio rural en el pasado. Las tierras comarcanas, que en otro tiempo fueron soporte de la pequeña agricultura de subsistencia lo son ahora de una agricultura y una ganadería modernas, cuyos importantes excedentes no sólo alimentan la demanda regional sino también la nacional, gracias a iniciativas como la de la marca-territorio, afirmando complementariamente la identidad local. Este espacio de montaña muestra, de una manera, cada vez más nítida, los caracteres de la nueva ruralidad promovida por la Unión Europea, en la cual la agricultura y la ganadería modernas conviven con actividades turísticas, ambientales y culturales. Los espacios naturales protegidos, las rutas, los museos y los centros de interpretación atraen visitantes y fortalecen el compromiso de la comunidad local. Gracias a esta multifuncionalidad del territorio, a la acción de las administraciones públicas y al dinamismo de su tejido asociativo, y, por supuesto, al empeño de los residentes, el medio rural deja de verse únicamente como un espacio en declive y, al contrario, se convierte en elemento sobre el que se erige la sostenibilidad social, económica y ambiental. Por otro lado, estamos ante un medio rural que expresa fehacientemente su incuestionable complementariedad con el medio urbano.
Continúa el monográfico con el artículo de Acosta Naranjo sobre “La España que dicen vacía”, a través de la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz, que demuestra cómo el mundo rural sigue vivo y en transformación. Aunque tradicionalmente se haya asociado lo rural al atraso, Acosta Naranjo muestra avances en infraestructuras, sanidad, educación, servicios sociales y diversificación económica. Además, las dinámicas urbanas y digitales también han llegado a los pueblos: aumentan las compras online, el ocio virtual y la movilidad cotidiana entre localidades, ciudades y áreas rurales por motivos laborales, comerciales o recreativos. Sin embargo, el medio rural conserva rasgos propios que lo diferencian de la vida urbana. Persisten la cercanía comunitaria, el sentido de pertenencia, la relación con el territorio y los cambios periódicos propiciados por los ciclos de la naturaleza, así como formas culturales y rituales específicas. Estas características convierten al mundo rural en un espacio de resistencia frente a la aceleración y el desarraigo de la sobremodernidad. Acosta Naranjo plantea la necesidad de construir una narrativa positiva de la ruralidad, capaz de contrarrestar los discursos que la consideran inferior o anticuada. Se critica así, que el modelo urbano funcione como único patrón de progreso y aspiración social, invisibilizando valores rurales como la sostenibilidad, la biodiversidad, la proximidad y una relación más pausada con el tiempo. Aunque la pandemia evidenció las limitaciones de las grandes concentraciones urbanas y revalorizó los espacios rurales, los pueblos siguen acusando el impacto de la pérdida de población y del peso económico de algunas de sus actividades, pero continúan adaptándose y manteniendo funciones sociales y territoriales. El principal desafío consiste en garantizar su continuidad futura y en compatibilizar libertad individual y pertenencia comunitaria, evitando que la vida rural sea percibida como una opción no deseable.
En el tercer artículo, Torres Pérez y Pérez Alonso analizan comparativamente el proceso de asentamiento e integración de la población inmigrante en los municipios valencianos de Carcaixent, Requena y Utiel, representativos de distintos tipos de ruralidad: zonas costeras agroexportadoras y comarcas interiores vitivinícolas. A pesar de sus diferencias, comparten dinamismo agrario y estabilidad demográfica gracias a la inmigración internacional. En el estudio abordan la inserción laboral y social de las familias inmigrantes, considerando empleo, vivienda, servicios públicos, relaciones vecinales y participación en la vida local. Si bien, la integración laboral se produjo inicialmente en los sectores más precarios: agricultura para los hombres y trabajo doméstico y cuidados para las mujeres, con el tiempo, parte de la población latinoamericana y rumana, logró acceder a otros sectores, como construcción, transporte, industria, comercio y hostelería. Sin embargo, los marroquíes y, en Carcaixent, los senegaleses, continúan más vinculados a trabajos agrícolas y precarios. En los tres municipios Torres Pérez y Pérez Alonso muestran un importante arraigo familiar favorecido por la estabilidad laboral, el acceso a servicios y la regularización documental, donde la convivencia cotidiana ha generado una inserción generalmente tranquila, con relaciones vecinales, apoyo mutuo y presencia compartida en espacios públicos y educativos. No obstante, persisten dinámicas de desigualdad y riesgos de fragmentación étnica y social, agravados por factores estructurales, como la precariedad laboral, las dificultades de vivienda o la islamofobia. Concluyen defendiendo políticas inclusivas que fortalezcan la convivencia intercultural y la igualdad de oportunidades en el medio rural.
El artículo de Gil de Arriba sobre eventos culturales como medio para la dinamización de territorios rurales se analizan dos iniciativas culturales desarrolladas en espacios rurales: el Festival Música en Segura, en la Sierra de Segura, y el Festival Itinera, extendido por pequeños municipios de Cataluña. Ambos representan modelos distintos de intervención cultural en el medio rural. Música en Segura destaca por su fuerte vinculación con una comarca concreta y por una trayectoria consolidada de más de diez años, mientras que Itinera propone un modelo en red, que conecta micromunicipios catalanes mediante actividades musicales itinerantes. Gil de Arriba pone de relieve la necesidad de diversificar y revitalizar las economías rurales mediante actividades culturales y turísticas de calidad, capaces de valorizar los recursos territoriales y generar nuevas oportunidades económicas. De esta forma, los festivales musicales, especialmente aquellos que combinan música clásica y otros géneros, se presentan como herramientas para dinamizar social y económicamente estos territorios, evitando al mismo tiempo los riesgos de un turismo masificado y globalizado. Sin embargo, el texto plantea dudas sobre si estas iniciativas pueden convertirse en verdaderos motores de transformación, o si, por el contrario, dependen excesivamente de ayudas públicas y tienen solo efectos temporales. En términos demográficos, los resultados son desiguales: la Sierra de Segura continúa perdiendo población, mientras algunos micromunicipios catalanes muestran mayor dinamismo, especialmente en zonas con actividad turística. Además de los beneficios económicos, los festivales generan efectos intangibles relevantes, como el fortalecimiento de la autoestima colectiva, la cohesión social y la valorización de la identidad local. La autora concluye que estos aspectos simbólicos pueden ser fundamentales para impulsar el futuro y la resiliencia de los espacios rurales.
Continúa el monográfico con el artículo de Redondo Martínez en el que plantea cómo el uso del Patrimonio cultural inmaterial, en este caso, lingüístico, tiene repercusión en el territorio. A través del estudio de caso de la lengua leonesa en la comarca de Omaña, muestra cómo la conservación de la lengua está gravemente amenazada por la despoblación y el envejecimiento de la población. Desde la creación de la región autonómica de Castilla y León, el área ha perdido numerosos habitantes, afectando especialmente a esa comarca. En estos territorios, los hablantes habituales son personas mayores, mientras que las generaciones intermedias apenas la usan y no la transmiten a sus hijos, lo que rompe la continuidad intergeneracional. El éxodo rural hacia las ciudades ha contribuido a la pérdida tanto del modo de vida tradicional como del uso cotidiano del leonés, que hoy queda reducido a contextos familiares o expresiones aisladas. Se analiza cómo, actualmente, el leonés es una lengua minoritaria en peligro de desaparición, debido a la escasez de hablantes y al uso reducido de la misma. Además, la falta de políticas educativas que integren esta lengua en el currículo agrava la situación, limitando el acceso de las nuevas generaciones a su aprendizaje. No obstante, según Redondo Martínez, hay motivos para el optimismo: el aumento de iniciativas académicas y culturales, el interés social por preservar este patrimonio y la difusión del leonés en internet y en ámbitos urbanos. Por tanto, la protección institucional y el impulso de medidas activas son esenciales para garantizar su supervivencia como parte del patrimonio cultural inmaterial leonés.
En el contexto rural leonés se centra también la aportación de Miguel González para mostrar perspectivas optimistas sobre su futuro. Aunque la despoblación rural afecta a los servicios, las oportunidades y la cohesión social, convirtiéndose en un reto socioeconómico y cultural, ya que rápidamente se vincula con la idea de un declive irreversible ligado al abandono institucional, la migración juvenil y las amenazas ambientales, el autor plantea la narrativa optimista que apuesta por la revitalización del medio rural mediante la innovación social, la diversificación económica, el turismo sostenible y la valorización del patrimonio cultural, apoyándose en expectativas de repoblación y nuevas oportunidades. Estas visiones contrapuestas reflejan tensiones entre tradición y modernidad, así como contradicciones generacionales que condicionan la acción colectiva. La investigación de Miguel González destaca la necesidad de incorporar políticas públicas que integren ambas perspectivas y que incluyan la dimensión cultural y simbólica en sus estrategias. Entre las propuestas que hace para fomentar la resiliencia rural destaca el impulso del turismo responsable, la economía social, la digitalización y la gobernanza participativa.
Fernández Álvarez analiza las migraciones de mujeres hacia el medio rural y su papel como agentes de desarrollo y modernización. Más que ofrecer respuestas definitivas busca plantear nuevas preguntas sobre las implicaciones sociales, económicas y culturales de estos procesos. Los resultados de su estudio muestran que la llegada de mujeres al campo no supone un simple retorno, sino una resignificación del medio rural. A través de sus trayectorias, estas mujeres cuestionan los modelos tradicionales de género y ruralidad, introduciendo innovaciones productivas, organizativas y simbólicas. Aunque enfrentan limitaciones como la despoblación, la dependencia de políticas agrarias o la persistencia de roles conservadores, su capacidad de acción se revela clave para la regeneración territorial. Fernández Álvarez plantea que la ruralidad actual se configura como un espacio en transformación, donde conviven inercias históricas y nuevas formas de vida, y donde las mujeres desempeñan un papel protagonista mediante el asociacionismo, la innovación y la creación de redes, contribuyendo a redefinir las dinámicas económicas y sociales. El estudio concluye que estas migraciones no pueden valorarse solo en términos demográficos, sino como procesos que impulsan cambios estructurales desde dentro. Por ello, se subraya la necesidad de políticas rurales con perspectiva de género, que reconozcan el papel de las mujeres y favorezcan condiciones equitativas, garantizando un desarrollo más inclusivo y sostenible.
A continuación, el artículo de Ouali Fernández analiza las experiencias europeas de Smart Villages con el objetivo de valorar su posible aplicación en el ámbito rural de Castilla y León. Mediante un enfoque cualitativo y comparativo, se estudian nueve casos europeos ejemplares y se contrastan con el contexto institucional, demográfico y cultural castellanoleonés. El análisis se estructura en tres ejes: la gobernanza comunitaria, los imaginarios rurales y la intergeneracionalidad. Los resultados muestran que el elemento común de los SV europeos es la centralidad de la comunidad en los procesos de innovación. Aunque la tecnología es relevante, su eficacia depende de su convergencia con la cooperación social, la identidad cultural y la participación colectiva. Ouali Fernández muestra que las iniciativas exitosas se sustentan en estructuras comunitarias sólidas, como cooperativas o asociaciones locales, que actúan como base para el desarrollo de proyectos sostenibles. En Castilla y León existirían formas tradicionales comparables, como las juntas vecinales, aunque su potencial se ve limitado por la falta de apoyo institucional. En cuanto a los imaginarios rurales, los casos europeos proyectan visiones de futuro positivas e innovadoras, mientras que en Castilla y León predominan discursos centrados en la pérdida y el declive, lo que limita la acción colectiva. Por último, la intergeneracionalidad aparece como un factor clave, al favorecer la cohesión social y la continuidad de los proyectos. Por tanto, se concluye que Castilla y León podría convertirse en un laboratorio de Smart Villages, si se fortalecen las estructuras comunitarias, se impulsan narrativas rurales propositivas y se promueve la cooperación entre generaciones.
El artículo de García Jerez analiza la economía doméstica de los pequeños queseros artesanales de la comarca de Osona, en la Cataluña rural, centrándose en sus estrategias de distribución en un mercado dominado por grandes empresas lácteas y superficies comerciales. Examina, asimismo, cómo los productores adaptan y resignifican infraestructuras para posicionarse de forma eficiente. El estudio distingue dos tipos de infraestructuras. Por un lado, los “entornos infraestructurados”, que influyen en la valorización del producto al afectar a los costes y las posibilidades de distribución. Por otro, los “objetos fronterizos”, que contribuyen a la valoración simbólica del producto al destacar su singularidad, mediante narrativas territoriales y artesanales. Ambos elementos son esenciales para comprender cómo se construye el valor en la producción artesanal. Según García Jerez, en un contexto de competencia con la industria agroalimentaria, las microqueserías desarrollan estrategias de resistencia cotidiana centradas en la producción artesanal y la autogestión de la distribución. Para ello, crean redes locales que integran recursos como el paisaje, los obradores, los mercados, las ferias y los canales de venta, optimizando los costes y el acceso al mercado. Además, los queseros potencian el valor simbólico mediante etiquetas, páginas web, catas o visitas, lo que favorece el turismo rural y refuerza la conexión entre los productos y el territorio. Así, lo artesanal se configura no solo como una alternativa económica, sino también como un elemento de regeneración cultural y paisajística que revaloriza el entorno rural.
Por último, el artículo de Parres Torres, López Lluch, Sendra Nadal y Nogués Pedregal analiza el papel de las mujeres y los jóvenes en la revitalización del medio rural español a partir de un estudio de caso del Grupo de Acción Local (GAL) ASIR, en el sur de Alicante. Se examina cómo las dinámicas comunitarias, las relaciones de poder y las condiciones materiales influyen en la capacidad emprendedora, al mismo tiempo que se toma en consideración el impacto de políticas públicas, como el programa LEADER. Los autores destacan que el desarrollo rural no puede entenderse solo desde una lógica económica, ya que depende también del capital social, la participación comunitaria y la calidad institucional. Los Grupos de Acción Local actúan como mediadores culturales que conectan políticas públicas y actores locales, favoreciendo procesos de innovación social, aunque no logren escapar de las limitaciones estructurales. En relación con la juventud, se observa una baja participación en proyectos formales, lo que refleja una desconexión entre los modelos tradicionales de emprendimiento y las nuevas formas de organización juvenil, más horizontales, digitales y flexibles. Sin embargo, las generaciones millennial y Z presentan un alto potencial, gracias a su orientación hacia la sostenibilidad, el equilibrio vital y el dominio de herramientas digitales, lo que las convierte en actores clave para la transformación rural. Respecto al emprendimiento femenino, el estudio evidencia una participación relevante en iniciativas de autoempleo y una alta capacidad de movilización de recursos. Más allá de los datos cuantitativos, los autores lo interpretan como una forma de agencia territorial que integra lo económico, lo social y cultural, generando modelos más inclusivos y sostenibles.
En definitiva, como último apunte de concurrencias en los artículos de este monográfico, la innovación social en el medio rural debe entenderse como un proceso multidimensional, que afecta a la estructura social y cultural del territorio. Las políticas rurales que integren la perspectiva de género y fomenten la participación en las dinámicas locales, podrán impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y socialmente justo. El futuro del medio rural depende, en gran medida, de la capacidad de transformar estas narrativas en proyectos que combinen identidad cultural, sostenibilidad y desarrollo inclusivo.
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